Investigan una estafa millonaria a una concesionaria tucumana con cheques sin fondos

Resumen para apurados

Una concesionaria de vehículos de San Miguel de Tucumán habría sido víctima de una estafa por casi $90 millones. Tres personas adquirieron vehículos utilizando cheques que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos, lo que derivó en un denuncia penal.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), los sospechosos habrían simulado contar con solvencia económica para concretar la operación y lograron retirar tres vehículos de la empresa ubicada en avenida Néstor Kirchner al 3900. La maniobra habría sido planificada por una organización y permitió adquirir una Volkswagen Amarok Extreme 4x4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style.

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Para concretar las compras, los acusados entregaron cheques de la firma INDI SRL, de la cual la señalada Ivana Vanesa Argañaraz era titular del 50% de las cuotas. La sociedad tiene como objeto un centro de diagnóstico neurofisiológico.

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la Fiscalía, Argañaraz habría aportado la estructura societaria y la chequera de la empresa, además de firmar la totalidad de los cheques. Su pareja, Jorge Omar Abraham, habría recibido los valores, los firmado y endosado a su nombre para luego entregarlos en la concesionaria.

En tanto, José Benjamín Zavalía se habría presentado como comprador, retiró dos de los vehículos y puso en circulación los cheques como medio de pago. Cuando fueron presentados, los valores fueron rechazados por falta de fondos, lo que generó el perjuicio patrimonial investigado, estimado inicialmente en casi $90 millones.

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"Estamos ante una maniobra que ha sido pensada y planificada por una organización", sostuvo la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás durante la audiencia. También indicó que "dos de los vehículos todavía no fueron habidos" y señaló que se trató de maniobras destinadas a "simular una solvencia económica que no poseían y lograr que se produzca la entrega de los vehículos por parte de la empresa".

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, dirigida por Diego Hevia.

El 4 de septiembre, un juez había ordenado declarar la rebeldía y disponer la captura y detención nacional e internacional de los tres imputados.

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Argañaraz, de 47 años, se presentó voluntariamente el miércoles 17 de septiembre en la Comisaría de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía de Tucumán, donde quedó detenida.

Zavalía, en tanto, fue detenido el 12 de septiembre en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando presuntamente intentaba escapar hacia Uruguay. Durante el procedimiento también fue secuestrada la Volkswagen Amarok. Según se informó en la audiencia, está previsto que la semana próxima sea extraditado a Tucumán.

Abraham continúa prófugo. La Fiscalía también señaló que resta investigar la posible participación de Ramiro Petros, oriundo de Santiago del Estero, en el hecho.

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En la audiencia multipropósito, la auxiliar de fiscal Briz Tomás formuló cargos contra Argañaraz y solicitó que permanezca privada de la libertad durante 60 días. La mujer fue imputada como coautora del delito de estafa, en concurso ideal con el delito de pago de cheque sin provisión de fondos.

El MPF fundamentó el pedido de prisión preventiva en la necesidad de resguardar la investigación y avanzar con las medidas que todavía están pendientes.

La defensa técnica pidió la aplicación de medidas de menor intensidad y, de manera subsidiaria, que se dispusiera el arresto domiciliario.

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Finalmente, el juez rechazó los planteos de la defensa y resolvió hacer lugar al pedido del MPF. De esta manera, ordenó que Argañaraz cumpla 60 días de prisión preventiva y dispuso su traslado a una dependencia del Servicio Penitenciario.